GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR

La Guerra Civil en El Salvador

Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador, al conflicto bélico interno, ocurrido en el país centroamericano, en el que se enfrentaron, el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, (FAES), en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos.[8] [9] El conflicto armado concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

No obstante, El Salvador ya había sufrido anteriormente, al menos una guerra civil, entre 1826 y 1829, cuando formaba parte de las Provincias Unidas del Centro de América.

ANTECEDENTES

La guerra civil que se desarrolla en El Salvador entre 1981 y 1992 es el resultado de la conflictividad social generada por el sistema político y económico de corte oligárquico que se implantó en el país a finales del siglo pasado y que prevaleció, con variaciones, durante la mayor parte del siglo veinte.

Los antecedentes del conflicto armado pueden trazarse con bastante claridad hasta la fallida insurrección campesina de 1932 liderada por el entonces recién fundado Partido Comunista Salvadoreño, la dictadura de doce años encabezada por el General Maximiliano Hernández Martínez (diciembre de 1931-mayo de 1944) y el ciclo de gobiernos militares que le sucedieron hasta 1979.

En octubre de ese año, "El movimiento de la Juventud Militar" derroca al General Romero e instala una Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por el Coronel Adolfo Majano, en un intento por abrirle paso a un proyecto reformista que contuviera la dinámica de confrontación entonces en pleno ascenso.

Durante la década del '70, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres (el 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país), sumados a la creciente tensión internacional entre occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear el país.

 En 1970, surgieron las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL), una escisión del Partido Comunista Salvadoreño (fundado en 1930). En febrero de 1971, el "Grupo", una organización formada por estudiantes universitarios, (antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP) secuestró y dio muerte al empresario Ernesto Regalado Dueñas, en la primera acción armada de un grupo de izquierda revolucionaria.[7] En las elecciones del 20 de febrero de 1972, la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora (UNO) que presentó como candidato presidencial, al ex alcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones, declaró ganador al candidato oficial, Coronel Arturo Armando Molina. La UNO realizó denunciadas reiteradas sobre un fraude electoral de grandes proporciones:

Estudios hechos con posterioridad han mostrado que de forma fraudulenta el Consejo Central de Elecciones suspendió el conteo y finalmente declaró que el coronel Molina había obtenido la mayoría sobre la UNO.

El 25 de marzo de 1972, en protesta por el fraude, un grupo de jóvenes militares trató fallidamente de dar un golpe de estado. El fracaso de la oposición electoral contribuyó a acelerar el proceso de radicalización social y a engrosar las filas de las recientemente fundadas organizaciones guerrilleras. En febrero de 1977, en un nuevo proceso electoral calificado como fraudulento fue elegido presidente el general Carlos Humberto Romero.

En 1975 se constituyeron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), como escisión del ERP y en 1976 surgió el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estos grupos armados mantuvieron una relación de cooperación con las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles (los llamados frentes de masas). Para financiarse los nacientes grupos guerrilleros recurrieron a los secuestros de empresarios y funcionarios públicos como los de Roberto Poma (secuestrado por el ERP) y Mauricio Borgonovo Pohl (secuestrado por las FPL), ambos acontecidos en 1977. El gobierno de Molina y el de su sucesor Romero trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los cuerpos de seguridad y el grupo paramilitar ORDEN. Hubo asesinatos selectivos de maestros, dirigentes campesinos y sindicales y estudiantes universitarios y represión de manifestaciones públicas, como la disolución de una marcha estudiantil el 30 de julio de 1975 y la llamada matanza de las gradas de Catedral el 8 de mayo de 1979.

En 1970 se crean las Fuerzas Populares de Liberación (FPL - Farabundo Martí -), en 1971 el Partido de la Revolución Salvadoreña-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), en 1974 la Resistencia Nacional – Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y en 1975 el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

Estas organizaciones se caracterizaron por desarrollar una estrategia de lucha armada basada en la formación de grupos guerrilleros urbanos, suburbanos y rurales, combinada con una de ampliación de su influencia y organización en los movimientos sociales de la época.

La década transcurrida entre 1970 y 1980 cimentó de forma irreversible las bases de una confrontación prolongada y sangrienta que alcanzaría su plena expresión entre 1980 y 1992. Fue un proceso caracterizado por la profundización del terrorismo de estado implementado por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y diversos organismos paramilitares clandestinos ("Escuadrones de la Muerte") que operaron al amparo de las propias instituciones del estado y que contaron con el apoyo y financiamiento de poderosos grupos económicos y políticos. En esta época se registraron las primeras masacres, asesinatos y desaparecimientos forzosos ejecutados en el campo y la ciudad.

Asimismo fue un periodo caracterizado por el auge de la organización popular en el campo y la ciudad y por el agotamiento del sistema político de la dictadura, es decir, la realización de elecciones fraudulentas para legitimar a los gobiernos militares de turno.

Entre 1974 y 1980 se desarrollaron poderosas organizaciones populares tales como el Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28), el Frente de Acción Unificada (FAU) y Las Ligas para la Liberación, las cuales fundaron en enero de 1980 la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) y posteriormente contribuyeron decisivamente a la fundación del Frente Democrático Revolucionario (FDR) junto al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de tendencia social demócrata y al Movimiento Popular Social Cristiano.

Específicamente entre 1979 y 1980 se cierra el ciclo de gestación de la guerra civil, en la medida que la confrontación entre el Estado y amplios sectores de la población alcanza niveles álgidos. Fracasa el intento reformista promovido por la "Juventud Militar", con el desplazamiento de los sectores civiles y militares democráticos que iniciaron el movimiento y la entronización de un grupo militar de extrema derecha encabezado por el General Abdul Gutiérrez, el cual, eventualmente establecería una alianza estratégica con el gobierno de Ronald Reagan orientada a aniquilar al creciente movimiento revolucionario. A este esquema estratégico de "contrainsurgencia" se sumaría en 1980 el Partido Demócrata Cristiano encabezado por Napoleón Duarte, quien pasó a formar parte de la "Junta de Gobierno" que sucedió a la "Junta Revolucionaria de Gobierno".

El asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, (marzo de 1980) atribuido a grupos de extrema derecha, la intensificación del terrorismo de estado y la renuncia de los elementos democráticos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, precipitaron sin duda el estallido de la guerra civil.

Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí

Las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL) 

fue una organización político militar de El Salvador; el más antiguo de los cinco grupos armados que conformaron en 1980, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El origen de las FPL está en una corriente interna del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que a finales de la década de los 60 propuso la opción de la lucha armada como el mejor método para enfrentar a la dictadura militar. Las FPL se fundaron el 1 de abril de 1970. Entre sus fundadores estaban el dirigente obrero Salvador Cayetano Carpio que fue considerado máximo líder de la organización, la dirigente del sindicato docente, Mélida Anaya Montes; y los dirigentes universitarios Clara Elizabeth Ramírez y Felipe Peña Mendoza. Durante la década de los años 70, las FPL crecieron progresivamente hasta llegar a ser la mayor organización armada de izquierda.

Las FPL comenzaron a aumentar su base social realizando trabajo político entre los campesinos de la zona norte y para central de El Salvador y entre los estudiantes universitarios. En 1975, se creó un frente de masas, el Bloque Popular Revolucionario (BPR) que agrupaba a las organizaciones campesinas y sindicatos afines a las FPL.

En 1979, la organización inició conversaciones con otros grupos armados de izquierda para lograr la unificación de las fuerzas revolucionarias. Estas negociaciones se concretaron con la fundación del FMLN, el 10 de octubre de 1980.

Durante la guerra civil, las FPL mantuvieron sus principales bases en las áreas rurales departamentos de Chalatenango, Cabañas, Usulután y San Vicente. En abril de 1983 la organización afrontó una grave crisis interna al ser asesinada en Managua, Nicaragua, Mélida Anaya Montes (Comandante Ana María). El secretario general y líder de la organización, Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial) fue acusado sin pruebas de haber ordenado este crimen, y antes que las investigaciones continuaran supuestamente cometió suicidio.

Tras los acontecimientos de abril de 1983, el Comandante Leonel González fue elegido como nuevo secretario general de la organización. Luego de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, las FPL desmovilizaron su aparato militar. En 1995 la organización disolvió por completo su estructura interna y se incorporó plenamente al FMLN.

Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN)

En 1975 se constituyeron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), como escisión del ERP y en 1976 surgió el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estos grupos armados mantuvieron una relación de cooperación con las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles (los llamados frentes de masas). Para financiarse los nacientes grupos guerrilleros recurrieron a los secuestros de empresarios y funcionarios públicos como los de Roberto Poma (secuestrado por el ERP) y Mauricio Borgonovo Pohl (secuestrado por las FPL), ambos acontecidos en 1977. El gobierno de Molina y el de su sucesor Romero trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los cuerpos de seguridad y el grupo paramilitar ORDEN. Hubo asesinatos selectivos de maestros, dirigentes campesinos y sindicales y estudiantes universitarios y represión de manifestaciones públicas, como la disolución de una marcha estudiantil el 30 de julio de 1975 y la llamada matanza de las gradas de Catedral el 8 de mayo de 1979.

LA GUERRA CIVIL (1981-1992)

El 10 de enero de 1981, el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) fundado en octubre de 1980 por las cuatros organizaciones "político-militares" surgidas en la década anterior y por el Partido Comunista de El Salvador, lanzan una ofensiva militar generalizada, conocida como "la Ofensiva Final", la cual es considerada como el umbral de la guerra civil.

El enfrentamiento armado se generaliza paulatinamente en el territorio nacional. El FMLN desarrolla entre 1981 y 1983 su estrategia de "resistir, desarrollarse y avanzar", la cual consistió básicamente en la consolidación de su retaguardia estratégica, la organización del ejército guerrillero y el inicio de una estrategia político diplomática que esbozó desde 1981 sucesivas propuestas de solución política al conflicto armado.

Para entonces, el Partido Demócrata Cristiano en el Gobierno y los militares salvadoreños ejecutarían una de las guerras de contrainsurgencia más complejas y sangrientas en la historia de América Latina, guiados por la doctrina de "guerra de baja intensidad" propugnada por la Administración Reagan.

Hacia 1983 el FMLN alcanzó su propósito de transformar su pequeña estructura militar y miliciana de los años setenta en un ejército guerrillero profesional, las campañas militares de ese año dieron cuenta de decenas de pequeñas y medianas posiciones militares en el interior del país y el 30 de diciembre de 1983 las fuerzas guerrilleras toman por asalto el cuartel "El Paraíso", una de las mayores guarniciones militares del norte país, con lo cual se produce un importante cambio cualitativo en la correlación de fuerzas en la guerra. A esta operación de gran envergadura le sucederían otras de igual dimensión en los años subsiguientes.

La Fuerza Armada por su parte enfrentaba el reto de transformarse rápidamente de un viejo ejército convencional y represivo en una potente maquinaria de guerra irregular.

El notable avance militar del FMLN motivó un sustancial escalamiento de la participación norteamericana en la guerra civil. La Fuerza Armada salvadoreña apoyada por asesores militares norteamericanos, operó una readecuación estratégica y táctica entre 1983 y 1985 que consistiría en desarrollar una alta capacidad de movilización y concentración de fuerzas de infantería y el fortalecimiento del poder de fuego aéreo. El ejército intensificó la formación de los batallones de reacción inmediata (elites), batallones regionales (cazadores), unidades especiales y unidades de inteligencia militar, al tiempo que la fuerza aérea aumentaba el número y la calidad de sus medios aéreos.

A consecuencia de la intensificación del conflicto armado y especialmente a causa de la estrategia de tierra arrasada que el ejército implementó a partir de 1981, fueron destruidas centenares de poblaciones rurales y sus habitantes forzados a huir hacia los campamentos de desplazados en Honduras y otros países de la región. Se calcula que no menos de medio millón de personas fueron desplazadas de sus lugares de origen.

La dinámica de la confrontación permeó toda la sociedad. En las ciudades se desarrollaron entre tanto importantes organizaciones sociales, sindicales y comunales que acompañaron durante toda la guerra los esfuerzos por encontrar una salida política negociada al conflicto armado, en este período se fundan la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (CPDN). Estas organizaciones sufrieron persecución sistemática por parte de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad y de las instancias clandestinas del Estado.

Hacia 1987 los ajustes y reajustes estratégicos operados tanto por las Fuerzas Armadas como por el FMLN generaron una situación de impase, donde ninguna de las dos fuerzas en contienda logró sobreponerse a la otra.

Consecuencias

Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4,5 millones de habitantes, ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente (como consecuencia de armas de fuego, explosiones, minas antipersonales, etc.) y miles de ellos quedaron con mutilaciones que los incapacitaron de por vida. Miles, también, resultaron con graves secuelas psicológicas (si se tiene en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas incontables mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres). Numerosos niños quedaron huérfanos de padre, madre, o ambos.

Los daños materiales fueron cuantiosos. Puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica, etc. resultaron destruidos o severamente dañados; la fuga de capitales, y la retirada del país o el cierre de innumerables empresas hizo que la economía del país se estancara durante más de una década. La reconstrucción de la infraestructura se ha prolongado hasta la actualidad.

Desde el punto de vista social, el costo también ha sido muy alto. La desmovilización de los ex-combatientes y su reinserción a la vida civil han sido una dura labor que aún continúa. Como consecuencia de la guerra, quedaron en manos de la población civil miles de armas de fuego, lo cual propició el surgimiento de las pandillas de jóvenes y adultos denominadas maras, dedicadas a la delincuencia y al tráfico de drogas, y que han hecho de El Salvador uno de los países (con ausencia de guerra) más violentos del mundo. Por otro lado, cerca de 500.000 salvadoreños se vieron obligados a abandonar el país. La mayoría se radicó en el estado norteamericano de California, donde los emigrados y sus descendientes se han convertido en una importante fuerza económico-laboral, y las remesas de dinero que envían a sus familiares en El Salvador se han transformado en uno de los principales motores de la economía nacional.

Desde el punto de vista político, el país se democratizó. Desde el final de la guerra civil hasta ahora, todas las elecciones realizadas en El Salvador han sido cuidadosamente monitorizadas por la ONU y otros organismos internacionales, a fin de asegurar la transparencia de los comicios. Las nuevas instituciones creadas como producto de los acuerdos de paz (Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil de El Salvador, etc.) garantizan el buen funcionamiento del sistema político, y procuran preservar a todos los sectores de la sociedad. No obstante todo ello, la guerra ha dejado una gran polarización y resentimiento en la sociedad salvadoreña

Los Acuerdos de Paz

Proceso de paz en el Salvador.

En Octubre de 1989, el Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía político al conflicto en El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta idea también quedó reflejada en la declaración de los cinco presidentes centroamericanos en una reunión en San José, Costa Rica, en el mismo mes.

Los esfuerzos del Secretario General y de su representante personal para Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del proceso:

a.            Terminar el conflicto armado por la vía política;

b.            Impulsar la democratización del país;

c.            Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y

d.            Reunificar a la sociedad salvadoreña.

Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso de negociación que fue firmado en Caracas el 21 de mayo de 1990. ahí se establecieron dos fases del proceso: acuerdos políticos en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del país. Conseguidas dichas garantías, se procedería a la discusión de otros acuerdos políticos que hubieran quedado pendientes.

El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de San José fue luego la pieza fundamental para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la estableció como una misión integrada para supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase, quedaría circunscrito a la verificación de dicho Acuerdo.

Tanto el Acuerdo de San José sobre derechos humanos como la resolución 693 (1991) que creaba a ONUSAL fueron hechos sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas. Es verdad que algo de la experiencia vivida en el proceso que llevó a la independencia de Namibia había sido incorporado en la resolución, al establecer la Misión como un ente integrado que incluirá personal civil y militar e incluso policial, pero la realidad de Namibia era distinta a la de Centroamérica por cuanto aquella correspondía a un país en una situación semicolonial. Era la primera vez que Naciones Unidas establecía una misión con un triple componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar y una tercera de Observadores Policiales para verificar los acuerdos políticos a que llegaran de dos partes en un conflicto interno, en una negociación para la obtención de la paz bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas.

Durante las discusiones en el proceso de diálogo-negociación afloró uno de los verdaderos problemas que había originado el conflicto: la distribución de la tierra en un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a medida que se lograban avances en la negociación, se hizo evidente que era menester enmendar la Constitución para incorporar los acuerdos en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el artículo de la Constitución que establecía, precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se procedía a la modificación puntual de los artículos que se referían a los temas bajo discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se desató una fuerte polémica que dejó entrever la aprehensión de un sector importante del país que veía en este proceso un peligro para sus intereses económicos: la posibilidad de que se modificara la norma constitucional que establece una extensión mínima intocable de tierras.

La situación de la reforma constitucional ocasionó la primera crisis en el proceso de negociación. El hechos de que las modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para poder ser ratificadas por lanuela Asamblea a partir del 1° de mayo, impuso un calendario fatal que obligó a una maratónica negociación cuando se optó por la alternativa de las reformas puntuales a la Constitución.

El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 estableció reformas constitucionales para la Fuerza Armada, para el sistema judicial y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó, además, la llamada <<Comisión de la verdad>> para la investigación de los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, <<cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad>>. La asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche del 30 de abril, en forma dramática, en la última noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa ratificó todas las enmiendas. A excepción de las relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a resultas de la negociación en dicho punto que se convertiría luego en el llamado <<nudo gordiano>> y que ocasionaba la segunda crisis en el proceso de negociación.

El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño, para la verificación del respeto irrestricto a los derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se había establecido una Oficina Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en la negociación. El Acuerdo de San José disponía una verificación de Naciones Unidas luego de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad, ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del fuego. El Secretario General envió una Misión Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de mayo de 1991, estableció la Misión, la que tenía desde su instalación todos los elementos con que contaría en el futuro: funcionarios de derechos humanos, abogados, educadores, observadores militares y observadores policiales.

Aunque la División de Derechos Humanos era sólo el primer elemento de una operación integrada, marcó, sin embargo, el carácter predominante de la Misión, que se identificó plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos. Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la Misión de Verificación de Derechos Humanos en ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York, puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la vigilancia activa del respeto a los derechos humanos constituyeron un factor disuasivo que mejoró la situación interna del país y preparó el <<Camino a la Paz>> , como rezaba el afiche que se confeccionó con ocasión de la inauguración de la Misión.

Luego de los Acuerdos de México se produjeron innumerables encuentros entre el GOES y el FMLN, sin que se pudiesen registrar avances significativos en el proceso. Se había producido la segunda crisis. El FMLN exigía, para proceder al cese del enfrentamiento armado, el otorgamiento de garantías que le permitieran su reinserción en la sociedad civil en un ambiente de legalidad y seguridad. Era menester para ello comprimir la agenda adoptada en Caracas, de manera que se pudieran atacar todos los temas pendientes, discutiéndose en forma simultánea las especiales características que tendría un cese del enfrentamiento armado dentro de la realidad política y territorial de El Salvador.

Los cancilleres de los Estados Unidos de Norteamérica y de la entonces Unión Soviética pidieron al Secretario General que se involucrara directamente en el proceso, a efecto de romper la impasse que se había producido. El Secretario General estimó que el problema no era de carácter procesal, sino estructural, y que era menester encontrar una solución que permitiera otorgar las garantías suficientes que solicitaba el FMLN.

Coincidiendo con la participación del Presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró el Acuerdo de Nueva York, y se desató el llamado nudo gordiano mediante la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la paz (COPAZ), y el acuerdo en principio sobre determinados puntos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y del tema económico y social. El Acuerdo de Nueva York abrió el camino a la obtención de la paz definitiva.

La comisión Nacional para la Consolidación de la Paz. (COPAZ) se constituía en el mecanismo de supervisión de los acuerdos entre el FMLN y el GOES, en forma paralela a la propia ONUSAL, con la diferencia de que mientras esta era un organismo internacional, aquella era un mecanismo interpartidário con representación de todas las tendencias políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

No fue suficiente, empero, el impulso a la negociación dado por el Acuerdo de Nueva York. Surgieron fuertes corrientes de rechazo y de crítica al Presidente y al Gobierno por haber accedido a viajar a Nueva York y a dar su visto bueno a los acuerdos. Esta oposición a la negociación vino acompañada de una campaña intimidatoria a la prensa internacional, a ONUSAL y a otras organizaciones acreditadas en El Salvador. Las legaciones se encontraban en ese momento en su segundo intento de llegar a acuerdos en San Miguel de Allende (México), cuando fueron requeridas para trasladarse a Nueva York, donde se emprendió una jornada intensa de negociaciones que concluyó, como es sabido con la firma del Acta de Nueva York, en la que las partes reconocieron haber alcanzado un acuerdo sobre todos los aspectos que se encontraban pendientes y convinieron en establecer un cese del enfrentamiento armado del 1° de febrero al 31 de Octubre de 1992. Se anunció que el acuerdo final de paz sería firmado en la Ciudad de México. El 16 de enero de 1992

El acuerdo de paz del 16 de enero de 1992

Entre los acuerdos alcanzados en Chapultepec destacan el relativo al cese del enfrentamiento armado, el de la nueva Policía Nacional Civil y el tema económico y social. En base justamente al estos nuevos elementos, el Secretario General informó el 10 de enero al Consejo de Seguridad la necesidad de variar el mandato original de ONUSAL, aumentándolo con dos divisiones adicionales: una de observadores militares que verificaría, básicamente, el cese del enfrentamiento armado y determinados acuerdos relativos a la Fuerza Armada, y los observadores policiales, que cooperarían con la actual Policía Nacional en el mantenimiento del orden público durante el período de transición, en el que se procedería a crear la nueva Policía Nacional Civil. El Consejo de Seguridad, mediante resolución 729 (1992), del 14 de enero de 1992, decidió ampliar ONUSAL, dotándola de una nueva División de Observadores Militares y otra de Observadores Policiales para llevar a efecto la tarea de verificación que dicho Acuerdo le encomendaba.

La paz en El Salvador fue posible por la voluntad política de ambas partes en el conflicto, que pidieron la intervención del Secretario General, quien fue el catalizador del proceso y contó para el feliz desempeño de su papel con el apoyo de la comunidad internacional, expresada en sendas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y, especialmente, por la cooperación y la ayuda que le brindaron en todo momento los Jefes de Gobierno de Colombia, España, México y Venezuela –los <<Amigos del Secretario General>>- y sus representantes diplomáticos acreditados en El Salvador y ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.